Impacto Económico de la Inmigración Haitiana

Un dato que se cita frecuentemente frente a la nueva ley de inmigración de los Estado Unidos proviene del trabajo “The Economics of Inmigration”, producido por George J. Borjas y publicado en el Journal of Economic LiteratureVol. XXXII (December 1994). En el, Borjas concluye que la inmigración tiene un impacto negativo sobre los ingresos de los sectores más pobre de la economía. En lo específico sostiene que el efecto sobre el salario promedio de los nativos que no terminan la educación secundaria es una reducción del mismo en 8.2%. El estudio de referencia analiza también los efectos de la inmigración en la Seguridad Social, Impuestos y Servicios de Beneficencia (Welfare).

Hasta donde conozco no existe un trabajo similar ni en la misma línea sobre el impacto en Republica Dominicana de la inmigración haitiana. Me temo que a menos que lo haga Sonia Pié, van a “acabar” con el que se decida a hacerlo, sin embargo los hechos están ahí. Voy a tratar de analizar los datos que se tienen, pero debo advertir que todas las conclusiones que saque aquí serán inexactas ya que no es un trabajo riguroso de investigación.

Una primera aproximación al problema de la inmigración desde Haití es inquirir cual es la motivación detrás de ella; comencemos por lo económico: de acuerdo a la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) el ingreso anual per cápita de los dominicanos en el año 2005 fue de US$3,815.08, en Haití el mismo fue de US$453.97.

Este dato, sin embargo es parcial, para poder estimar la presión de moverse de Haití a República Dominicana hay que mirar la Distribución del Ingreso. Según los datos de la CEPAL el 74% de los habitantes de Haití tienen que vivir con menos de un dólar al día, que es la línea de la miseria. En República Dominicana sin embargo, este número es un 11%. De la tabla de distribución del ingreso comparativo entre República Dominicana y Haití se puede hacer una inferencia matemática que indica que el 70% de los haitianos tienen una presión económica de más de un 80% para migrar. Calculo que el 25% de menor ingreso no tiene recursos suficientes para pagar los costos que implica el traslado, lo que deja algo menos del 50% con posibilidades de financiar su salida de Haití.

Estos 4,3 millones de haitianos con necesidad y posibilidad de migrar quisieran hacerlo hacia los Estados Unidos o Europa, pero no es tan fácil. Para definir el perfil del emigrante haitiano hacia la RD podemos hacer algunas especulaciones. Los principales candidatos viven en poblaciones de 20,000 habitantes o menos, cercanas a la frontera dominico-haitiana y se dedican a labores agrícolas en predios de subsistencia o son jóvenes urbanos. De los 4,5 millones de habitantes que hemos señalado con necesidad y posibilidad de migrar, aproximadamente 1,9 millones cumplen con los requisitos anteriores. De manera que podemos concluir que en Haití todavía quedan 1,9 millones de habitantes que en un momento u otro se decidirán a cruzar el Río Masacre.

¿A que van a venir? Las habilidades que traen son principalmente agrícolas, pero la economía agrícola de Republica Dominicana es pequeña e ineficiente, compuesta por numerosos “finqueros de fin de semana”. En Haití la agricultura es sinónimo de supervivencia; la mejor evidencia de la eficiencia de esta agricultura de supervivencia está en que según la FAO el “Consumo de Energía Alimentaria Diaria por Persona” medido en kilocalorías en Haití en el 2004 era de 2,110 contra 2,270 en RD.

Según la CEPAL en Haití había 18,9 millones de tareas de “Superficie total cosechada, principales cultivos” en el 2005 mientras en RD teníamos 13,6 millones de tareas, a pesar de tener 50% más territorio y terreno cultivable. La diferencia más notable de la producción agrícola de Haití y RD es que, probablemente por la falta de agua, ellos tenían 4,3 millones de tareas sembradas de maíz, mientras nosotros teníamos la décima parte de eso.

¿Qué van hacer estos emigrados haitianos cuya experiencia es principalmente agrícola cuando lleguen a RD? Una buena parte de ellos seguirá rumbo a las ciudades en busca de ocupación en las labores que requieren el más bajo nivel de habilidades y otros se quedarán echando días en el campo. Sin embargo, preveo la posibilidad de ocupaciones, pacificas o no, de terrenos cultivables o el desarrollo de “siervos de la gleba”; aparecerán campesinos haitianos que cultiven predios sin tecnología y degradando la tierra y le paguen al dueño con una parte de la cosecha.

En cualquier caso, esa migración va a competir en el mercado de trabajo con los dominicanos de menor nivel de preparación; en el 2005 en Haití uno de cada tres personas era analfabeto, en RD uno de cada 10

Según una estimación que hago a “mano alzada”, la presencia masiva de mano de obra no calificada de origen haitiano produce una presión a la baja de los salarios mínimos dominicanos de un 30% o más. Esto básicamente significa que el dominicano que no tenga por lo menos ocho años de escolaridad va a tener que competir por el mismo puesto contra 1,9 millones de haitianos dispuestos a trabajar por una fracción del salario mínimo. Un efecto secundario de esto será la menor necesidad de modernización de la industria dominicana y la reducción de la calidad de los servicios. A medida que la mano de obra se hace más barata, el costo de capital de las actualizaciones tecnológicas las hace menos atractivas. El resultado final será que produciremos económicamente sólo aquello con un alto contenido de mano de obra, en perjuicio de la competitividad de la nación y el valor agregado de la industria local.

Los servicios sociales en RD son malos, sin embargo, son inmensamente mejores que en Haití. Según UNICEF para el 2003 en Haití sólo el 24% de los partos se realizan asistidos por personal sanitario especializado; en RD este índice fue de 95,3%. En Haití para el 2005 había según la Organización Mundial de la Salud (OMS) un médico por cada 4,408 habitantes y en RD uno por cada 661. La carga que significa para los servicios de salud y sanitarios la adición de 1,9 millones de haitianos buscando servicios primarios es financieramente insostenible.

Desde el punto de vista socio ambiental, sólo el 30% de los haitianos tenía servicios sanitarios mejorados en el 2004 según la OMS; en RD el 78% de la población tiene acceso a ellos. No debe pues sorprendernos que para los haitianos migrados tirar la basura a la calle, bañarse desnudos en una llave común y hacer sus necesidades fisiológicas en público sea normal. Esto sin embargo, crea contaminación adicional y degrada el ambiente, sin que sea la intención de los migrados, es simplemente su manera normal de actuar.

El fracaso de la Seguridad Social dominicana puede venir por la vía de una sobrecarga de gastos “solidarios” sobre el régimen contributivo. No creo que haya muchos dominicanos que se nieguen a aportar su cuota de cooperación para ayudar a los compatriotas menos afortunados, pero cuando se le sumen a 1,6 millones de dominicanos pobres 1,9 millones de haitianos en las mismas o peores condiciones el sistema va a colapsar.

Desde el punto de vista fiscal esta migración tiene poco que aportar. La inmensa mayoría de ellos está en un nivel de ingreso libre de impuesto sobre la renta. Adicionalmente su consumo es relativamente bajo y mayoritariamente de productos exentos de ITBIS. De manera que es poco, si algo, lo que puede esperarse de esa migración en términos de aporte fiscal.

El panorama de lo que veo venir en función de la continua degradación de la economía y sociedad haitiana es gris. De dos cosas estoy seguro, la migración va a aumentar, y la comunidad internacional no va a hacer nada por resolver el problema. Calculo en no menos de 10 mil millones de pesos anuales el costo para la sociedad dominicana de 1,9 millones de haitianos.

Nada de lo que he escrito en este artículo es el resultado de un estudio como el de Borjas, es sólo “adivinación educada”. Sin embargo, creo que la necesidad de un estudio serio sobre el tema y una estrategia clara para enfrentarlo es inminente. Solo espero que en el medio de la alharaca de la actual campana electoral, alguien se acuerde que el 16 de agosto del 2008 Haití seguirá ahí, y nosotros también.

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El autor es consultor de negocios.

Email: federico@promarketdr.com,

Publicado en el Periodico Hoy el 29 de marzo del 2007

Sound Bite

Sound bite es una frase norteamericana para referirse a sonidos breves que expresan “una mordida de información”. Una mordida que provee lo suficiente para dar una idea, entretiene la imaginación del oyente y da la impresión de que le han dicho algo. En tres segundos se puede decir “Sed justos si queréis ser felices” y pretender que se ha transmitido la filosofía política de Juan Pablo Duarte. Se toma bastante más tiempo explicar la influencia que puede haber tenido en él joven Duarte, a los 17 ó 18 años de edad, su estancia en Barcelona en los preludios de la primera guerra Carlista.

La diferencia estriba en que para la mayoría de los electores modernos, de escasa formación, la imagen del candidato se construye a partir de sound bites y no con largos discursos de fondo que transmiten su visión sobre la génesis de los problemas del país y sus propuestas programáticas de solución. “Tenemos que acabar con la pobreza sempiterna de las mayorías hambreadas que malviven en los anillos de miseria de nuestras ciudades, y para ello nuestro gobierno creará 200,000 nuevos empleos en su primer año” se dice en quince segundos, suena bien, es políticamente correcto, transmite una visión de que el candidato tiene una solución al problema, pero es una bobería más si no se explica como. Algún economista argüirá que esto es indiferente para los fines de una elección, ya que los sound bites de un candidato se anulan con los sound bites del otro y el efecto neto es cero; no necesariamente.

Donald Wittman en un artículo publicado en el Journal of Political Economy 97 (1989) titulado “Why Democracies Produce Efficient Results”, dice en la página 1241: “Detrás de cada fracaso de un modelo de gobierno existe la presunción de extrema estupidez del votante, una seria falta de competencia o un costo de negociación/transferencia muy alto.” (Traducción del autor). Hablar de estupidez del elector se considera políticamente incorrecto, y muchos economistas dirán que lo que existe es ignorancia.

Wittman contraataca con un argumento demoledor: La ignorancia solo afecta la Varianza de una serie estadística, no causa errores sistemáticos. Analicemos un ejemplo de error sistemático: Todos estamos de acuerdo en que hay que proteger a los productores de arroz frente al TLC, para evitar que los subsidios a la producción norteamericana ahogue los productores locales.

En el año 2003 el consumo de arroz de República Dominicana según el GAIN Report - DR3021 (USDA) fue de 333 mil toneladas métricas con un precio a mayorista equivalente a $500.00 dólares por tonelada. Adicionalmente, el gobierno creó un Programa de Pignoración, por medio del cual el productor entrega arroz al Banco Agrícola y el banco le adelanta dinero. Luego el productor retira el producto según lo va vendiendo y el gobierno absorbe parte del costo de los intereses y el almacenaje. Ese programa costó al estado dominicano en el 2003 el equivalente a $11.4 millones de dólares. En total, la población dominicana pago $177,9 millones de dólares por la producción de arroz de ese año. En ese mismo período, cuya producción fue extraordinaria, se exportaron 21,000 toneladas a España a un precio promedio de US$160.00 la tonelada.

Si en lugar de producir el arroz lo hubiésemos importado al mismo precio que se exportó, las 333 mil toneladas nos hubiesen costado $53.3 millones de dólares y los consumidores dominicanos nos hubiésemos ahorrado US$124.6 millones de dólares. El próximo argumento será ¿Y que hacemos con los esforzados padres de familia que trabajan en el sector arroz?

Dos datos: a) según el Banco Central en el sector agrícola había ese año 425,959 personas trabajando; b) el sector arroz representó el 13.4% del valor total de la producción agraria del país. Aplicando la proporcionalidad, al sector arroz le tocaría 57,206 empleados. O sea, 8,659,302 dominicanos (incluyendo las familias de los que trabajan en el sector arroz) debieron sacrificarse y pagar el arroz a más del doble de su precio mundial para que los esforzados padres de familia del sector tengan sustento.

El presupuesto total de la Secretaria de Agricultura para el año 2006 fue de RD$5,855 millones de pesos, al cambio de RD$33.50 esto son $174,8 millones de dólares. Si la mitad de lo que podríamos ahorrar en el arroz en un año se dedicara a buscarle solución alternativa a las tierras dedicadas a su siembra, el presupuesto de agricultura subiría en un 36%.

Si la racionalidad primara en las decisiones políticas, el Costo de Oportunidad nos dice que hace más sentido importar arroz que producirlo aquí. Entonces sale el argumento: ¡Debemos ser autosuficientes en la producción de arroz! Y yo pregunto ¿Para que? ¿Seguridad alimentaria? Si mañana nos pusieran un bloqueo y permitieran el paso del arroz, pero prohibieran el paso del petróleo, se acabaría la RD en tres semanas.

Gwartney y Wagner en el trabajo “The Public Choice Revolution” publicado en el Intercollegiate Review, 23, 1988, página 21 dicen: “Cuando los beneficios están concentrados y el costo es difuso, los políticos se dirigirán, como si una mano invisible los guiara, a servir los propósitos de los beneficiarios bien organizados…Por supuesto, el votante promedio (“racionalmente ignorante”) no está al tanto de que la presión de los grupos de interés han subido los precios del arroz, mientras tanto, los productores de arroz están entre los principales contribuyentes de los políticos que ejercen un impacto clave en la política agrícola.” (Donde he puesto arroz dice azúcar en el original).

¿Porqué los importadores, que están bien organizados no protestan y presionan? En el 2003, año record de producción de arroz, se importaron legalmente 75,000 toneladas con un margen bruto de beneficios de $23.1 millones de dólares para los favorecidos que “negociaron” permisos de importación. US$23.1 millones de dólares que fueron a engrosar los bolsillos de comerciantes inescrupulosos y políticos corruptos a costo de los dominicanos pobres que tienen en el arroz su principal fuente de nutrición.

Sound bites, de eso se trata. Los dominicanos nos abocamos a unas elecciones presidenciales que auguro serán las más caras de nuestra historia republicana. La conciencia nacional se influencia y construye a base de sound bites o como dice mi homónimo Frederic Martínez, -El Pacha- “radio picaito”. Año de zafra para los medios, los interactivos y propicio para fomentar la estupidez de una población ignorante por decisión de los políticos, que entienden que no es prioritario invertir en la educación del pueblo. Concluyo con una cita de un tocayo más elevado en el pensamiento, Claude Fréderíc Bastiat, economista político francés quién publico en el 1845 sus “Sofismas Económicos”:

“Para robar al público, es necesario engañarlo. Engañarlo es persuadirlo de que se le está robando para su propio beneficio, e inducirlo a aceptar, a cambio de lo que es suyo, servicios ficticios y frecuentemente aún menos. Este es el propósito del sofismo, sea este teocrático, económico, político o monetario”.

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Publicado en el Periodico Hoy el 13 de marzo del 2007

La Función Regulatoria

Mi padre narraba de vez en cuando la historia de sus inicios como pulpero en el hospedaje de Santo Domingo en los años 30. Contaba que en su primer colmado tenía dos balanzas, una con el peso justo y otra a la que le faltaba una onza. Cuando un cliente se quejaba del peso de la mercancía él volvía a pesar, esta vez en el peso bueno, y ahí mismo, frente al marchante quejoso descolgaba el peso alterado y lo tiraba bajo el mostrador diciéndole “este malvado peso lo he mandado a arreglar veinte veces y siempre se daña”; seguía utilizando sólo el peso bueno hasta que ese grupo de compradores se marchaba. Una vez los testigos se habían ido, sacaba de nuevo el peso arreglado y lo ponía otra vez en servicio. Nunca terminaba el cuento sin agregar, dándose en el pecho: “Yo le he pedido mucho perdón a Dios después de eso”.

En la base del sistema de mercado está el supuesto de la Competencia Perfecta como fue descrita por Francis A. Walker en 1876. Este es el mercado donde hay entrada y salida libre de suplidores y consumidores, los productos son de similar calidad y disponibilidad, los consumidores tienen información completa sobre acceso y precios; nada más lejos del mercado dominicano.

El primer enemigo de la competencia perfecta es el monopolio. Por esa razón, los monopolios naturales, como son el suministro de agua, electricidad, recogida de basura y otros servicios públicos son suministrados o regulados por el estado. El “Consenso de Washington” recetó la privatización como mejor manera para que los países subdesarrollados nos organicemos para evitar la politiquería y el clientelismo, que daña y encarece estos servicios. Entre los países civilizados algunos favorecen el suministro privado, como los EEUU, y otros el estatal, como Francia, sin que se pueda discernir una clara ventaja de un modelo sobre otro. Los tollos surgidos de las privatizaciones inducidas por el Consenso de Washington lo que si han demostrado es que si el bien común es defendido de forma eficiente por entidades regulatorias que evitan que se abuse del consumidor, cualquier modelo funciona.

France Telecom estuvo bajo ataque en Francia al principio de los noventa por su servicio de telefonía inalámbrica deficiente; la respuesta fue un salto tecnológico que llevó de la prácticamente inexistente red celular al sistema GSM en menos de 5 años. República Dominicana, servida por un monopolio norteamericano, tuvo servicio celular de calidad antes que Francia, la apertura del mercado bajó el costo de la llamada y la competencia produjo la facturación por segundo. La competencia del sector privado y la función regulatoria parecen haber obrado bien en ese sector del mercado dominicano.

El sector eléctrico por el contrario no acaba de encontrar la vía de redención. La privatización de la industria eléctrica en República Dominicana no era una cuestión de elección: no había otra opción. 40 años de corrupción e ineficiencia produjeron un amasijo de plantas inútiles, mal dimensionadas, peor operadas y prácticamente sin mantenimiento. Por el lado de la transmisión el país estaba (y aún está) prácticamente aislado entre sur y norte. La distribución de electricidad se hacía (y se sigue haciendo) con pérdidas técnicas cuantiosas y el robo de los consumidores en contubernio con los empleados encargados del trabajo de campo. La respuesta a esta situación desesperada fue una privatización hecha de prisa, con un marco legal “copy & paste” sin análisis de la estructura donde se aplicaría. A los concursos de privatización vinieron muchos, pero sólo se presentó un oferente por cada compañía a ser privatizada y los encargados de la CREP se la asignaron a estos únicos concursantes en rechazo de la norma básica de licitación, de declarar desierto el concurso donde se presenta sólo una oferta. Hoy, con los mismos problemas de ayer, enfrentamos deficiencias en las cuales el marco legal es inoperante y se ha doblado tanto, que ha terminado en una calle sin salida, en la que sólo queda “pasar por go sin cobrar $200” y volver a empezar.

El sector financiero ha sufrido de déficit regulatorios cuyo costo ha sido brutal para la macroeconomía y para el ciudadano de a pie. La complacencia, y quien sabe que más, de políticos ineptos en un terreno altamente técnico permitió a cierta élite adinerada hacerse con entidades importantes del sistema financiero dominicano para convertirlo en su fuente de financiamiento personal y finalmente en origen de un boato mil anochezco. Cuando en medio del naufragio económico del 2003 hubo que pedir ayuda internacional, una de las principales condicionantes para otorgárnosla fue el desarrollo de una normativa regulatoria. Bancos, Seguros y Bolsa de Valores han sido en mayor o menor medida sacudidos por escándalos de diversas proporciones que han producido efectos negativos sobre el bienestar general de la nación. Hoy, con mayor o menor desarrollo regulatorio, estos sectores no son inmunes a desastres futuros.

El ejercicio de la función regulatoria es probablemente uno de los más delicados que existe en cualquier estado. La meta primaria es proteger la provisión del servicio a los consumidores en cantidad, calidad y precio adecuado. Se tiene como meta final la salud del sistema, fomentando su desarrollo sostenible y socialmente responsable. Se requiere una calidad especial de persona para realizar una buena labor sabiendo que el paso por la función no depende de la eficacia de su ejecución, si no de su afiliación partidaria.

La independencia de las autoridades regulatorias es un prerrequisito para el desarrollo de esa función con atención a las metas superiores y no con la vista puesta en las próximas elecciones.
En los países desarrollados esos puestos son por elección, donde los candidatos se exponen al escrutinio público y su currículo es debatido en los medios. En otros, son nominados por el poder ejecutivo y ratificados por el poder legislativo en vistas públicas; en todos la incumbencia es muy larga, desde siete años hasta vitalicio, con edades de retiro dilatadas.

La calidad de la función regulatoria no es de las cosas que se ven en el corto plazo, sin embargo, cuando se hace patente su inoperancia es por vía de eventos catastróficos. Ahora que tenemos algunas entidades regulatorias bien, otras mal, unas en vías de arreglarse y otras congeladas en el tiempo, es el momento de tomar medidas constitucionales que garanticen la independencia de la actividad regulatoria de los vaivenes del gobierno. Para que el próximo desastre no nos ponga a buscar culpable, actuemos ahora para lograr que estas funciones, de las que depende el bienestar general, no sean parte del botín del partido político ganador de las próximas elecciones.

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¿Revisar el REA Ahora?

Alejandro Fernández es uno de los jóvenes que mejor entiende el negocio bancario en el país. Tuve el placer de conocerlo en el 2003, cuando coincidimos en la Superintendencia de Bancos a propósito de la crisis bancaria y soy asiduo de su columna Argentarium, que creo es lo mejor que hay sobre el tema financiero en la prensa nacional.

El pasado 18 de enero su columna trajo el tema del Reglamento de Evaluación de Activos (REA), el cual pondera como cuasi-inmaculado y dice: “Lo que sí hay que adecuar, y urgentemente, es su interpretación por la propia Superintendencia.”

Su afirmación sobre la necesidad de revisión de la interpretación de la Superintendencia se centra en la preponderancia que esta presta a la “Capacidad de Pago”. En esto, la Superintendencia de Bancos no está sola.

La Junta de Estándares de Contabilidad Financiera (FASB, por sus siglas en inglés) estableció en noviembre de 1987 la norma sobre los Estados de Flujo de Efectivo, o FAS95. En la declaración del propósito de la norma dice: “La información provista en el estado de flujo de efectivo, si se usa con informaciones relacionadas y otros estados financieros, debe ayudar a … (a) evaluar la capacidad de la empresa de generar en el futuro un flujo neto de efectivo; (b) evaluar la capacidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones,…”^[1] El párrafo 48 de las Bases para las Conclusiones del FAS95 dice: “…un estado de posición financiera provee sólo una foto incompleta de la liquidez o la flexibilidad financiera, a menos que se use en conjunto con por lo menos el estado de flujo de efectivo”.

Determinar el riesgo de impago del cliente es la función del banquero, hacer un préstamo importante subordinando la capacidad de pago a cualquier otro parámetro (historial de pago, reputación de la empresa, etc.) no es aconsejable. En este sentido, el Comité de Basilea en el documento Evaluación y Valoración Sensata del Riesgo Crediticio para Préstamos (Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans) del 28 de noviembre del 2005 señala en el párrafo 12, bajo el 2do. Principio: “Para ser capaz de valorar los créditos prudentemente y determinar apropiadamente las provisiones, es particularmente importante que los bancos tengan un sistema para clasificar los créditos de manera confiable sobre la base de los riesgos. Los mayores deudores deben ser clasificados sobre la base de un sistema de graduación de riesgos. Los préstamos más pequeños pueden ser clasificados o sobre la base del sistema de graduación de riesgo o por su historial de pago.”

Utiliza Fernández el ejemplo de una empresa que presenta un flujo de efectivo neto de operaciones negativo y sin embargo tienen un buen desempeño en el período, pues usaron el efectivo para prepagar suplidores en moneda extranjera. Esto no se refleja en el estado de flujo de efectivo sólo si es realizado por el método indirecto; hecho por el método directo se transparenta que existe un prepago a suplidores y esto da la información precisa de la capacidad de pago del cliente; y es que la fiebre no está en la sabana.

La Superintendencia de Bancos de la RD no se caracteriza por ser el más flexible o creativo de los ambientes de discusión financiera. Sobre las autoridades pesa mucho el “guayazo” de las quiebras bancarias fraudulentas del 2003 que todos los días pagamos todos los dominicanos; sin embargo, el REA no es un boomerang de la crisis.

El 29 de julio del 2004 me tocó acompañar a la Licda. Rósula Abreu, técnica dominicana considerada una de las mejores de Centro América y el Caribe en supervisión bancaria, y líder del equipo que trabajó en el REA, a su primera presentación a la Junta Monetaria de aquel entonces. Al llegar al slide 9 de la presentación donde se explicaban criterios para la evaluación del deudor, uno de los miembros de la Junta preguntó de donde se obtendría esa información; Rósula le disparó sin pestañar: “de los estados financieros auditados sometidos al impuesto sobre la renta”, enfatizó la frase “sometido al impuesto sobre la renta”, se hizo un silencio incómodo y ella preguntó ¿Puedo seguir?, a lo que le indicaron que si.

Era un período en el cual el grupo de técnicos y asesores de la Superintendencia habíamos hecho el viaje al 12vo piso del Banco Central muchas veces, pues había que producir y aprobar una serie de reglamentos para cumplir con los requerimientos del FMI. Después de presentar cada proyecto de reglamento, como pequeña celebración, salíamos a almorzar; ese día no celebramos, en el ánimo de todos estaba presente que ese reglamento era una pequeña Caja de Pandora.

Llevar la economía dominicana a la transparencia es un proyecto que requiere de muchos esfuerzos. Sólo hay crédito para el que pueda demostrar que puede pagar, y esa demostración solo es posible si se llevan estados presentados a la renta: las opciones que se le dejaron al empresario son: transparentarse y pagar impuestos para tener crédito, o no transparentarse, no pagar impuestos y no tener acceso al crédito bancario.

Ninguno de los que participó en la redacción del REA era ajeno a las consecuencias, ninguno tampoco dudó un momento que no hay forma de avanzar como nación si institucionalizamos la evasión de impuestos como una política de estado. Puedo hablar sólo por mí, pero el 29 de julio del 2004, igual que hoy, creía que el gobierno dominicano tiene que ganarse el derecho a cobrar impuestos a base de eliminar la corrupción y aumentar la eficiencia del estado.

En una noticia aparecida en el Periódico Hoy el día 15 de este mes de enero, la AIRD informa su intención de reunirse con la Asociación de Bancos y la Superintendencia para buscar formulas “que flexibilicen las normas bancarias, para que el sector industrial pueda tener acceso al crédito bancario para financiar bienes de capital”. La AIRD entiende que por las restricciones que imponen las nuevas normas bancarias al crédito orientado a los sectores productivos, alrededor del 60% de la cartera del sistema está dirigido a financiar el consumo, en contraste con la situación de hace varios años, cuando sólo el 20% se otorgaba con esos fines.

La cartera de créditos de los bancos se ha movido hacia el crédito de consumo porque no necesita de estados financieros. Es una flexibilidad crediticia impresionante prestar un millón de pesos a cinco años a alguien cuya única información es una carta de trabajo y un reporte de un buró de crédito que dice que paga a tiempo. La garantía de ese crédito es un vehículo que vale un 25% menos a las 24 horas de haberse adquirido, y deja el monto expuesto del crédito en una relación casi de uno a uno con la garantía. Muy pocos de esos créditos resisten un “stress test” frente a variaciones mínimas de la macroeconomía.

La banca dominicana viene de una época en que el requisito principal para obtener un crédito era ser amigo o socio de los dueños del banco. Eso mismo provocó que la función de administración de riesgo no fuese importante y que en el currículo de muchos oficiales de crédito el apellido, su handicap en golf o una villa en La Romana sea el punto más relevante.

La Superintendencia de Bancos ha tomado un proyecto importante: revisar y actualizar la Ley 183-02, Ley Monetaria y Financiera. Esta ley, escrita y promulgada bajo la influencia de grupos de presión, tiene debilidades y huecos que se han tratado de subsanar con los reglamentos. La Superintendencia está en un proceso de maduración de las normas y la reforma de la Ley provocará sin duda cambios en ellos, por esto la prudencia aconseja esperar para modificar el REA. Creo, como Alejandro Fernández, que al Reglamento de Evaluación de Activos se le debe revisar sus efectos y defectos, pero esa discusión será del territorio de los especialistas en riesgo.

Creo también que a la banca y a los empresarios les toca aportar la creatividad, estoy convencido que la Superintendencia tiene una clara visión de la importancia del crédito para el sector productivo nacional, pero no creo que deba flexibilizar su posición de representante y defensora de los depositantes y de la institucionalidad del sector bancario.

LOS QUE QUEREMOS LA DECENCIA SOMOS MÁS

El autor es consultor de negocios.

Email: federico@promarketdr.com,

Publicado en el Periodico Hoy del 31-Ene-2007

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^{[1] Copyright © 1987, Financial Accounting Standards Board}

I support you, Mrs. Clinton

The presidential race in the USA is an event that affects us all living in the periphery. As a Dominican citizen educated in the US, and with two boys that are US citizen and young professionals fulfilling the American Dream, no other country besides my own is dearer.

Learning the Honor Code and the Rule of Law are part of the tradition that I cherish from my US experience; the same Honor Code and Rule of Law that I see forgotten by the professional Washington politicians. America is about hard work, honesty and compassion; to those within and elsewhere.

Living in a small country in the backyard of USA means looking at the northern giant for guidance and support; means also concern when New York is under attack and thousands of our families and friends must stand the thread of fanatics and misfits. Means shame when this events, that hurts us all, are used by business interest to go out in a rampage to control oil at the cost of thousands of lives, American and ours too.

It is time to have in the White House somebody that feels that Decency is the guiding value of everyday action; I believe you, Senator Clinton, are that person. From far away I will do all I can to support you.

Federico A. Martinez

Schieller y La Aduana

Friedrich Schiller fue un dramaturgo, poeta y ensayista alemán del siglo 18, popular por todo el mundo por su “Oda de la Alegría”, a la cual Beethoven puso música en el último movimiento de su novena sinfonía.

En su trabajo de 1795 “Cartas Sobre la Educación Estética del Hombre” Schiller afirma que la educación estética es básica para el desarrollo harmonioso del hombre y de la sociedad.  Aduce él que en la sociedad, donde el hombre es parte del tejido social y mera pieza en el funcionamiento de esa gran maquinaria, el individuo es incapaz de desarrollarse plenamente y aduce que la libertad solo puede aparecer a través de la educación.  Escribe: “La clave de la educación es la experiencia de la belleza, pero con la estupidez los mismos dioses luchan en vano”.

En el portal de Internet de la Dirección General de Aduana aparece la Resolución 04-06 que se refiere a los “Calentadores de Agua Solares”. La lógica de la Resolución va más o menos así:

a) La Circular 005610 “instruye la aplicación de sólo el 13% de recargo cambiario a los PANELES SOLARES”.

b) La circular indica que sus términos “son aplicables a los PANELES SOLARES por constituir una fuente alternativa de energía renovable”

c) La “nota No. 4 de la Sección XVI del Arancel de Aduanas establece que “Cuando una maquina o una combinación de máquinas estén constituidas por elementos individualizados…. para realizar conjuntamente una función netamente definida, comprendidas en una de las partidas de los Capítulos 84 u 85, el conjunto se clasificará en la partida correspondiente a la función que realice”

d) Considera que “si bien el equipo en cuestión dispone entre sus elementos constitutivos de un COLECTOR SOLAR como fuente de energía, por aplicación de la nota antes citada, el mismo debe ser clasificado en la partida que corresponde a la función que realiza: “Calentar Agua””

e) “…la partida 85.16… comprende, entre otros, “Calentadores ELECTRICOS de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores ELECTRICOS de inmersión.” (Todas las mayúsculas son del autor)

Visto todo lo anterior, la Comisión Técnica decidió que los calentadores solares en vez de pagar sólo el 13% de Recargo Cambiario paguen además el 20% de arancel, más el 52% del selectivo, más el 16% del ITBIS, como los calentadores eléctricos.

En el campo filosófico lo descriptivo y lo sustantivo tienen precedencias cuando se trata de armar premisas lógicas para sacar una conclusión. Lo sustantivo de una cosa es su “razón de ser”, lo descriptivo de este proceso cae dentro del postulado de la corporeidad holótica que es de índole gnoseológica. Dicho en dominicano, la lógica de la Comisión Técnica de Aduanas es totalmente traída por los pelos. Se van al cuerpo de la cosa y dicen: “sirve para calentar agua, es lo mismo que un calentador eléctrico”.  La cuestión aquí es la “razón de ser”. La misma está descrita en la Circular de referencia cuando dice: “por constituir una fuente alternativa de energía renovable”.

Confieso que leí el documento cuatro veces antes de creer lo que estaba leyendo.  Me temo que no le hago un favor al importador que hizo la solicitud de que se revisara el caso; después de leer este articulo, las autoridades de aduanas deben estar buscando cual otro impuesto adicional tirarle arriba a los pobres calentadores solares, para probar “quien es que manda aquí”. Algún otro estará averiguando cuanto me pagó el importador para escribir este artículo: me se importa.

Lo preocupante de este caso no es sólo la estupidez, que es lugar común en nuestro país, es que en los tiempos de Balaguer se justificaba, pues los sueldos que pagaba no daban para comprar inteligencia, mas bien malevolencia; en esta época, y con lo que paga el estado, creía yo que mejores funcionarios nos habíamos comprado.

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El autor es consultor de negocios.

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De Blusas, Bolsa y Transparencia

Están de moda entre las mujeres las blusas de material elástico. Las mismas acentúan las curvas de la mulata criolla, probablemente el mayor aporte de los europeos a la estética caribeña. Sin embargo, algunas de las más dotadas de carnes, asemejan al logo de las llantas Michelín, pero aún así se las ponen. Y es que la estética, como la ética y la moral son manifestaciones de la cultura de los pueblos dictados desde las clases gobernantes, que con frecuencia se asumen sin razonarlas mucho.

Esta adopción de las modas hace resonancia en todas nuestras esferas, y no se queda afuera la empresarial. La última moda es la “Gobernabilidad Corporativa”; cuerpo de creencias y normas que sustenta la conducta asumida por la empresa para asegurar que sus relaciones con su entorno responden a una justa y productiva relación.

La génesis de este movimiento parte de la crisis creada por la quiebra fraudulenta de Enron, Worldcom y otras grandes corporaciones de los Estados Unidos. El 23 de enero del 2002 el Congreso de los EEUU publicó un “Acta para proteger los inversionistas mejorando la exactitud y confiabilidad de los informes corporativos hechos conforme a las leyes de valores y otros propósitos” mejor conocida como el “Acta Sarbanes-Oxley”.

El mercado de valores en la RD es muy reciente; y el volumen de sus operaciones todavía muy magro. A junio del 2006, boletín más reciente que publica la Superintendencia de Valores, se había negociado 284 millones de pesos y 1,3 millones de dólares; el mercado secundario había transado 40 millones de pesos. Todos estos valores juntos son menos del 0.2% de la Cartera de Crédito del sistema financiero a la misma fecha. Sin embargo, los intereses pagados por los que colocaron documentos en la Bolsa son menores que lo que hubiesen pagado por préstamos en la banca y los rendimientos obtenidos por los que adquirieron los mismos son superiores a los que hubiesen conseguido en depósitos a plazos similares. Siendo esto así, sorprende que no existan más emisores de valores y más adquirientes. La respuesta yace en el problema de la transparencia y ese es el vaso comunicante con el Acta Sarbanes-Oxley.

No existe forma de participar en una bolsa de valores con dos estados financieros, uno para la bolsa y otro para la renta. El prerrequisito de la emisión de un instrumento financiero negociable es que el emisor tenga una calificación de riesgo emitida por una empresa calificadora y esta a su vez, exige que la contabilidad sea transparente y auditada, y adicionalmente evalúa la calidad de los planes y la dirección. El atractivo de conseguir financiamiento más barato en la bolsa se pierde cuando se le aplica la evasión fiscal; vamos a tratar de desarrollar un ejemplo:

Supongamos que usted tiene una empresa que le deja $10 millones de pesos de beneficios antes de impuestos y requiere un préstamo para capital de trabajo por $10 millones de pesos. Su banco le presta los $10 millones al 20% de interés. Leyendo este artículo usted entiende que si coloca papeles comerciales o bonos en la bolsa puede levantar los $10 millones de financiamiento, bajar los intereses a pagar a la mitad y aumentar sus beneficios antes de impuestos en un millón. Después de aplicarle el 30% de impuestos sobre beneficios, usted se ganaría $700 mil pesos más. La decisión no tiene dudas, vamos a emitir valores para la bolsa; excepto si usted evade impuestos.

No voy a aburrirle con el cálculo, pero si usted le declara a Juan Hernández menos del 75% de sus ganancias, deja más beneficios seguir pagándole al banco el 20% que buscar financiamiento en la bolsa a la mitad de los intereses. Y mientras más alta la evasión, menos rentable es incursionar en la bolsa de valores.

Transparentarse por razones de negocios no parece tener sentido ni en RD ni en ninguna parte del mundo, de manera que habría que preguntarse porqué vale la pena la transparencia.

La primera y más importante razón es para no cometer lo que los franceses han tipificado como “Abuso de Bien Social”. La empresa privada aparece y florece en la nación, acuerdo tácito de los ciudadanos para desarrollar una sociedad donde existan oportunidades iguales para todos de acuerdo a su capacidad y diligencia. Como estos atributos están desigualmente distribuidos, parte del pacto social es que los que más tienen aportan más para crear los elementos de civilización que distinguen una sociedad moderna. La carretera que lleva al obrero a su trabajo también transporta los productos del empresario al mercado, y entre los dos eligen un administrador, el gobierno, para que la construya y la mantenga con los impuestos que ambos pagan. Cuando el empresario evade impuestos le está cargando al obrero más que su justa parte del costo de la carretera, esto constituye un abuso de bien social y justifica criminalizar la evasión. El problema se complica y multiplica cuando aquel que ha sido elegido para administrar los impuestos no lo hace bien.

¿Porqué debe transparentarse una empresa y pagar todos sus impuestos si ese pago va a sustentar un estado inepto y corrupto? El empresario dominicano paga impuestos pero tiene que contratar un seguro médico privado porque el servicio público de salud no funciona, debe pagar por entrenamiento adicional porque las escuelas no proveen la educación básica, tiene que pagar una guagua para el personal porque el servicio público de transporte no funciona, debe mantener una planta prendida por horas porque el servicio de energía no sirve y además pagar de vez en cuando a funcionarios que se especializan en buscar donde no hay para que le den un soborno.

El empleado por su lado está atrapado en un sistema de retenciones donde no tiene forma de escaparse de pagar impuestos. Como no se le puede quitar más de su salario se le disfrazan las cargas adicionales en forma de impuestos indirectos que merman su capacidad de consumo y ahorro, sumiéndolo cada vez más en la miseria.

Esta situación se transforma en un equilibrio precario en el que el estado presiona por más impuestos para mantener a una clase política parasitaria, el empresariado se mueve a la ilegalidad evadiendo el pago de impuestos para poder mantener una rentabilidad atractiva y parte de el se alía a los políticos de turno para enriquecerse de forma vil. Al pueblo simple le queda una sola forma de ventilar su frustración; votar cada cuatro años por el próximo vendedor de sueños. Como una blusa elástica demasiado llena de carnes, esto es una situación de equilibrio precario, pero no es una posición que permitirá al país moverse hacia etapas superiores de desarrollo.

El PLD nació a consecuencia del rechazo del PRD en el 1973 de la estrategia de Juan Bosh de “hacer que el gobierno vuelva su propia legalidad” a favor de la posición de Pena Gómez de “tierra arrasada contra el reeleccionismo”.

La inspiración ética de esa frase de Bosh está en su confianza en el pueblo dominicano, la confianza en el destino superior que la democracia puede brindarnos y la confianza en la templanza de líderes capaces de exigir con su ejemplo el cumplimiento de la ley; nunca más vigente que ahora. Con la misma cíclica de un poema de Borges, también esta vigente la frase de Peña Gómez.

La justicia social y el nuevo orden mundial de apertura que obligan a una mayor competitividad no nos permite darnos el lujo de vivir en un ambiente de ilegalidad y opacidad. Tenemos que convertirnos de ciudadanos a contribuyentes, y como tal exigir que los tributos que pagamos sean administrados con capacidad, honestidad y estricto apego a la ley, si no, ganará fuerza la opción de Peña Gómez.

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El autor es consultor de negocios

Publicado en el Periodico Hoy del 17 de enero del 2007

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Cogentrix a Gas

Una de las mejores noticias que he oído últimamente es la conversión de Cogentrix a Gas Natural Licuado (GNL). Tomando como referencia el Informe Mensual de Operación del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico (OC) de noviembre del 2006 el costo por galón de Diesel para Cogentrix era de algo más de RD$70.00 (de paso, $10.00 más por galón de lo que le costó a las plantas Higuamo que están al lado).

Una planta eléctrica lo que hace es quemar combustible y convertirlo en electricidad; el poder calorífico del combustible se mide en BTU (British Thermal Units). Un galón de diesel contiene más o menos 140,000 BTU; a los precios que tenia CDE, que es quien paga el combustible de Cogentrix, en noviembre del 2006 un millón de BTU le costaba a Cogentrix RD$500.00. En el mismo reporte del OC se señala que el costo por millón de BTU de GNL a AES Andrés era aproximadamente RD$193.00, un 60% menos. Esto se traduce en una reducción del costo del KWh y con el cambio Cogentrix debería tener un Costo Variable de Despacho similar al de AES. Esta última planta es la tercera más barata del sistema y representa casi el 17% de la electricidad generada. La entrada de Cogentrix a gas natural debería traducirse en un menor precio de electricidad para los consumidores, mayor estabilidad y calidad de la energía y un 17% adicional de energía barata en el sistema, ya que es de la misma capacidad de AES, 300 MW.

Las unidades de Cogentrix son equipos extraordinarios; fueron diseñadas para las necesidades del sistema eléctrico dominicano y tienen posibilidades, como regular la frecuencia eléctrica manteniendo máxima eficacia, que no tiene ninguna otra planta del país. Esas plantas tienen uno de los niveles de eficiencia más alto en la relación de kilowatt generado por BTU usado; si mal no recuerdo están muy cerca o por debajo de 7,000 BTU por KW. Las mismas son igual o más eficientes quemando gas natural que diesel y el nivel de contaminación que lanzan a la atmósfera con GNL es el más bajo del sistema.

Pero, en este país todo tiene “cocorícamo”. Veamos tres de ellos:

Cocorícamo uno: En el mismo reporte del OC se informa que el costo por millón de BTU de gas natural a las plantas de AES de Los Mina es aproximadamente $5.00 a $7.00 más que en Andrés. La explicación de esto es que para llevar el gas a Los Mina hubo que hacer un gasoducto, y esa inversión hay que recuperarla. En el anuncio del 30 de diciembre, el Ingeniero Segura señala que el gasoducto de Cogentrix costará US$25 millones. Si tomamos los RD$5.00 por millón de BTU que le carga AES a las plantas Los Mina (que es de ellos también) mis cálculos me dan que en 10 años AES recupera unos US$16.0 millones para pagar el gasoducto que construyó. O los costos han subido mucho, o el nuevo gasoducto es mucho más largo, o es de mucho más capacidad; puede ser también que CDEEE vaya a pagar el gasoducto y el cambio de quemadores de las tres turbinas de Cogentrix, lo cual seria algo aberrante, ya que es una empresa privada. De todas formas, esos $25 millones es un número que debe revisarse con extremo cuidado, no vaya a ser que terminemos con una planta a gas natural que pague más del 2% del costo del gas en transporte vía gasoducto.

Cocorícamo dos: Por pura ignorancia de las autoridades que lo aprobaron se le permitió a AES construir un gasoducto de Andrés hasta Los Mina, pasando por delante de cientos de usuarios potenciales, sin darles acceso al gas natural. Los gasoductos se construyen en tierra de la nación, tienen un riesgo implícito para todos los que le quedan cerca que no hay manera de eliminar ni de pagar, por lo tanto, en todos los países civilizados se les exige a los constructores de un gasoducto que deben servir el combustible a los usuarios que queden en su recorrido. Los gasoductos, como las líneas de transmisión eléctricas, son monopolios naturales, no tiene sentido duplicar el riesgo y tener dos, uno al lado del otro, que compitan en precio. ¿Por qué es obligatorio venderle al que quede en la ruta?

En primer término porque el gas natural es más barato que el diesel, por lo tanto, todo lo que se pueda sustituir va en beneficio de la canasta energética del país y baja la demanda de dólares para combustibles. Segundo, porque el gas natural es menos contaminante que el diesel y eso mejora el medioambiente y tercero, porque mejora la competitividad de las empresas que se benefician y eso eventualmente se traduce en una reducción de los precios a nivel de consumidor.

Lo que existe en todos los países civilizados es un Reglamento de Distribución de GNL que establece la obligatoriedad de servir el gas y la tarifa por kilómetro de transmisión que se debe cobrar por metro cúbico o millón de BTU de GNL servidos. En el 2002 la Secretaria de Finanzas llamó a concurso para desarrollar la normativa de combustibles, instalar un laboratorio de gases licuados y gasolinas y un área de ensayos físicos de GLP. El concurso fue ganado por una firma argentina y nunca se asignó, pues al parecer el proyecto “pisaba muchos cayos”.

El gasoducto a Cogentrix, si se hace partiendo de las facilidades de descarga y almacenamiento de Andrés, que es lo lógico, tendrá que pasar frente a todos los hoteles de Juan Dolio, frente a las industrias de San Pedro de Macorís, frente a la barcaza de la Sultana del Este (que tiene 128 MW en motores de la Wartsila que trabajan con HFO #6 y pudieran convertirse a GNL con una reducción de 30% en su costo de combustible) frente al Ingenio Cristóbal Colón y a la Destilería de Barceló, y terminará al lado de las turbinas Higuamo de Itabo y a menos de 300 metros de la planta de Cementos Cemex.

En un país tan pequeño como este, habrá que ver si los conflictos de intereses entre los adquirientes de Cogentrix y algunas de las empresas en la ruta del gasoducto no harán que la CDEEE, que ha declarado su intención de pagar por el gasoducto, haga otro tollo, siembren los tubos equivocados y después no se pueda satisfacer la demanda de todos los clientes en el camino, actuales y a 25 años.

El tercer cocorícamo es técnicamente más problemático. ¿Hace falta un gasoducto? Los argentinos y brasileños, que son los que más saben de transporte de GNL y gasoductos en América, dicen que no. Según ellos, los gasoductos hacen sentido en recorridos de más de 500 kilómetros. Para distancias menores se han desarrollado sistemas de transporte en camiones de 40 metros cúbicos de GNL que permiten el transporte competitivo hasta 600 Km. de distancia. Una vez allí, se trasvasa a tanques satélites que con un pequeño evaporador transforma el gas natural licuado a gas natural. Hay que aclarar, que el GNL es el gas natural, purificado y congelado hasta que se vuelve líquido, con lo que en un metro cúbico de GNL hay 600 metros cúbicos de gas natural, que es la forma en que se alimenta a los quemadores.

No quiero expandirme más sobre este tercer cocorícamo porque tengo intereses en el mismo y alguien puede aducir que estoy halando agua para mi molino. No he tenido el placer de conocer al Ing. Segura, y es casi seguro que después de este artículo no lo conoceré jamás. Únicamente quisiera llamar su atención a una opción más rápida y que cuesta menos de la quinta parte de lo que pretende pagar la CDEEE por el gasoducto.

Es excelente comenzar el 2007 con una buena noticia en el sector eléctrico, solo quisiera que nuestra tradicional falta de previsión e institucionalidad no hagan que el cocorícamo dañe el proyecto.

El autor es consultor de negocios

Email: federico@promarketdr.com

Publicado en el Periodico Hoy del 9 de enero del 2007.

When a man fails the love of a woman

When a man fails the love of a woman it will almost certainly be a moment he must live up to his resolution, or lack of it. "I am pregnant; what are you going to do?" Is one of those questions you want earth to open, take back whatever joy and fun you have ever share with her and rewind life to the point before you even met her.

You think: "I am only finishing college; I would have to dropout, start working and forget about my future". She sobs, the rain insists on falling and you yearn for something brave to say. But you keep your silence, and she sobs.

You know what you should do; you have been pontifical about it, beer-in-hand during a commercial brake on the super bowl, but you keep your silence, and she sobs.

She is broken, her fear is true; you are not the man she loved, you are something silent, indifferent, unmoved. She stands up and voices, barely audible: "I will have my baby on my own" and starts walking. She has her heart glued to her back where any second you will embrace her and tell her you love her and regardless what the future may bring, you will accompany her in the life to be lived.

For a brief moment you raise your head and you know what to do..., but you don't move; you are glued to the bench.

But it is just a moment, then a feeling of freedom overwhelms you and you start walking in another direction. "I dodged this one" is rushing through your brain while guilt grips your heart and you know that you are not what you thought you were.

It rains, and you keep on walking.

January 2007.

La "Representativa" y La Pobreza

La mitología de nuestra época no es religiosa, sino política, y sus principales mitos parecen ser, por un lado, la “representación” del pueblo, y por el otro, la pretensión carismática de los líderes políticos de estar en la posesión de la verdad y de actuar en consecuencia.

Bruno Leoni, Freedom and the Law (1961).

Cuando a Juan Bosh le dio por desbarrar de la democracia como se practicaba en el caribe imperial, comenzó a llamarla “La Representativa”. No se si en ese momento hubía leído a Bruno Leoni en su libro “Libertad y La Ley”; Leoni fue catedrático de Teoría Legal y Teoría del Estado en la Universidad de Pavia, Italia. Sostiene como nodo central de su trabajo que en la sociedad moderna el cuerpo legal se desarrolla en detrimento de la libertad individual. Este cuerpo legal está formado por el poder judicial y más vigorosamente por el poder legislativo.

Las leyes fiscales y la ley de presupuesto son la intervención del estado en el bolsillo del pueblo. Las primeras definen lo que el estado ha de demandar de sus ciudadanos y la segunda como ha de gastar lo que recaude. Las leyes fiscales, cual que sea, no son bienvenidas cuando pretenden sacar más dinero a favor del gobierno; las segundas sólo son observadas en lo general, pues la aplicación específica del presupuesto es algo que nos enteraremos muy al futuro y sin detalle. Hay parámetros que señalan lineamientos generales: preguntarse ¿Cual es la Carga Fiscal, de donde sale y como se compara con otros países? es la forma más general de medir que tan razonable es el costo del estado.

Según las estadísticas del Banco Central para el año 2005 las recaudaciones del gobierno dominicano fueron equivalentes a 17.8% del PIB. Eso poco más o menos significa que de cada RD$5.60 que se producen en el país un peso se le entrega al gobierno. ¿Cómo se compara eso con otros países?

La CEPAL presenta las estadísticas del Gobierno Central solamente, por lo que los porcentajes son menores, pero como lo que es igual no es ventaja, permite las comparaciones. El otro punto que nos permitimos agregar es el Índice de Percepción de la Corrupción, o “Índice de Transparencia” publicado por Transparencia Internacional para el mismo año.

Ingresos Tributarios Sobre el PIB e Índice de Transparencia, 2005
País	%	IT
Uruguay	17.7	5.9
RD	16.8	3.0
Nicaragua	16.7	2.6
Perú	13.8	3.5
Venezuela	12.0	2.3
Paraguay	11.9	2.1
México	9.7	3.5
Panamá	8.9	3.5
Fuentes: CEPAL, Sistema de Consulta Integrada, diciembre 2006. Transparencia Internacional, IPC 2005.

Estamos en la segunda posición de la muestra en cuanto a porcentaje del PIB que se lleva el Gobierno Central, sólo precedidos por Uruguay, sin embargo, somos el quinto de los ocho países en cuanto a transparencia, seguidos por Nicaragua, Venezuela y Paraguay. En conclusión, tenemos un gobierno caro, pero el problema de la corrupción lo hace mas caro aún, pues los fondos que deberían ir al combate de la pobreza se pierden en las uñas de los corruptos.

Si los ingresos del gobierno suben porque le cobra más a las empresas y a los ricos para ayudar a los pobres, eso está bien. Los Impuestos Directos son aquellos que afectan más al que más tiene: el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto sobre Beneficios de Juegos de Azar. Este renglón representa para el 2005 el 18.8% del total de los ingresos del gobierno, habiéndose reducido del 22.3% que fue en el 1990.

Los Impuestos Indirectos se aplican al consumo y alcanzan a todo el mundo; estos son el ITBIS y los selectivos. Para el 2005 los impuestos indirectos constituyen el 49.0% de los ingresos del gobierno; quince años atrás, en 1990, este renglón aportaba sólo el 24.9%. Los impuestos indirectos son más o menos justos en proporción a la distribución del ingreso. Si todos los dominicanos ganáramos igual pagaría más impuesto el que mas gaste, lo cual es equitativo. En una sociedad profundamente desigual como la nuestra, los que menos reciben tienen la necesidad de gastar una mayor proporción de sus ingresos para mal vivir. Por tanto, lo que pagan de impuestos indirectos como parte de sus ingresos es inmensamente mayor que los que reciben ingresos superiores. En resumen, en República Dominicana se le cobra más a los que menos tienen: ¿por qué?

La historia político-económica reciente de República Dominicana insinúa dos cosas: a) la democracia representativa dominicana representa a los que más tienen, no al pueblo que vota, y b) la representación de los votantes ha caído en manos de un grupo de empresarios de la política agrupado en ONG’s llamadas partidos que la ejercen como medio de enriquecimiento.

A partir del 1966 los líderes de los partidos políticos comenzaron a financiar sus campañas a través de los grupos de intereses económicos. La corrupción en el ejercicio del gobierno crea riqueza en manos de estos líderes políticos y el anillo alrededor de ellos, permitiendo al liderato obtener un botín de guerra que les facilita seguir compitiendo por el mismo. Habiendo más para gastar, las campañas se hacen cada vez más caras. De la misma manera, mientras más tiempo se está fuera del poder, o más honesto se es en su ejercicio, menos capital se acumula que permita ser un competidor con posibilidades.

La opinión del que vota se nutre de las informaciones que le llegan por los medios de comunicación de masas, estos a su vez han sido adquiridos por grupos económicos que los usan para presionar a los políticos. Los profesionales de estos medios son “bocinas” extraoficiales de uno u otro candidato y la representación del pueblo la tienen los “interactivos” pagados por los políticos; todo por y con cada vez más dinero.

En la provincia Independencia hubo 21,873 votos válidos en las elecciones del 2006 para la posición de Senador, el ganador de las mismas obtuvo 8,444. Sumando los 52 salarios (13 por año), las 48 asignaciones de gastos y la mitad del valor de las dos exoneraciones que le tocan, cada voto obtenido tiene una renta potencial de menos de mil pesos en los cuatro años. Si se toma como modelo de negocio, ser candidato a senador en la provincia más pequeña del país no es negocio, imagínese el lector lo que será en La Vega con 146,000 votos válidos. Estoy totalmente seguro que ocho millones de pesos en la campaña de la provincia Independencia gastó el candidato que quedó en último lugar. Estoy además seguro que no importa cual candidato ganara las elecciones nada cambiará en Jimaní.

Los dominicanos pobres y de clase media estamos secuestrados por una “Democracia Representativa” que utiliza el sistema de partidos; partidos que demandan un botín cada vez mayor para poder mantener la espiral de gastos que implica asaltar o mantenerse en el poder. Estamos secuestrados por medios de comunicación en manos de grupos de intereses económicos miopes que sólo ven el beneficio de corto plazo. Medios manejados por “comunicadores independientes” que viven de las boas políticas y donde la “opinión pública” es Bigote, el Líder de Herrera. Estamos secuestrados por organizaciones de la “Sociedad Civil” cuyo propósito es mantener el estatus quo, y es que la mediación entre los mercaderes del templo es más rentable que la justa ira del látigo del Nazareno.

Los pobres y la clase media dominicana somos tan inofensivos para nuestros depredadores que se nos permite decir lo que queramos. Hasta que se iluminen las mentes de los que tienen algo que perder y tomen medidas para romper este circulo vicioso de partidos-gobierno-sociedad civil sin chequeos ni balances seguiremos haciendo uso de la impunidad que nos permite decir lo que pensamos, porque total, a nadie que es alguien le importa.

El autor es consultor de negocios

Email: federico@promarketdr.com

Publicado en el Periodico Hoy el 30 de diciembre del 2006

Yipetocracia

El dominicano es sin duda amable y hospitalario; excepto cuando se sienta detrás de un volante. La misma persona que se saldría de su ruta para ayudar a un desconocido a encontrar una dirección, se convierte en un energúmeno cuando debe pararse antes del paso de peatón para evitar bloquear una intersección o debe cederle el paso a otro vehículo. Esta conducta antisocial se exacerba cuando su vehículo es una “yipeta”. Y es que la anomia del ser ha encontrado su redención en el mercado: “soy mi yipeta”, parece decir el señor que sentado a dos metros del suelo se eleva por encima de su mediocridad sobre el “leather” de sus asientos, mientras su equipo de música desparrama el arte de Julián Oro Duro o escucha la cháchara de la mañana.

Según las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos, en el año 2000 el parque vehicular privado de yipetas era 40,621; para el 2005 se había triplicado: 124,802. Curiosamente, los reportes de la DGII, no indican el número de vehículos oficiales en el parque vehicular nacional. Presumo no andar muy desencaminado si asumo que entre el Congreso, la justicia, la presidencia con sus 21 secretarías de estado y los más de 100 organismos descentralizado hay varios miles más. Conozco el caso de un Secretario de Estado de la administración pasada que a su llegada al cargo compró a un amigo suyo veinte y tantas yipetas nuevas; su substituto actual las cambió todas por similares, pero de nuevo modelo y nuevo amigo.

El gobierno de Su Majestad la Reina Isabel II de Inglaterra publica en la página web “Decoro y Ética” (Propriety and Ethics*), unas normas muy simples en lo concerniente al transporte de ministros; ellas se basan en cinco principios: decoro, uso eficiente de los recursos, conciencia de costos, seguridad y responsabilidad pública.

En este reglamento de apenas dos páginas, se establece a quien se le asigna chofer y vehículo del estado británico, los usos autorizados y el tipo de vehículo por categoría de funcionario. Tiene en su listado sólo dos categorías de vehículos: Para los ministros del gabinete Vauxhall Omega Elite o el Rover 75 Connoisseur (motores de 3.0 litros) y los demás ministros, vice y parlamentarios “serán proveídos con su elección de Rover 45, Ford Mondeo, Vauxhall Vectra or Nissan Primera con un motor de 1.8 a 2.0 litros y un nivel de accesorios confortables, pero no extravagante”.

Según la Dirección General de Aduana el valor CIF de las yipetas de funcionario dominicano va de US$ 56,549.91 a US$67,211.72, Si el gobierno se decidiese a subastar 2,000 de estas yipetas por su valor CIF y exonera los impuestos a los adquirientes recaudaría cien millones de dólares o más. Con eso puede comprar 2,000 carros que se ajusten a las normas de Su Majestad la Reina Isabel II y sobrarán sesenta millones que pueden dedicarse a combatir la pobreza.

La rectificación fiscal propone un impuesto a la placa equivalente al 1% del valor del vehículo, esto implica que una yipeta de lujo pagará probablemente alrededor de RD$50,000 de placa. Me puedo imaginar “la gente del medio” lamentando en tono hipócrita lo mucho que ha pagado por la placa. Y es que en República Dominicana la yipeta no sólo define el modo de conducir, define también la posición social.

En la sociología popular dominicana las “yipeticas” de fabricación oriental las compra el “pueblo”; las mayores de fabricación oriental y americana (menos las Lexus y similares) califican a su dueño de clase media “con aspiraciones”; Las yipetas Lexus y congéneres indican que adentro va un funcionario y las yipetas de fabricación británica o alemana es el carruaje de la nobleza dominicana de nuevo cuño.

Cuando usted vea en la calle una yipeta piense en lo que cuesta. En la tabla que sigue he tratado de expresar en años de trabajo de un empleado de salario mínimo el precio de estos vehículos:

Tipo de Yipeta (año2006)	Precio de la yipeta expresado en años de trabajo de un obrero de Zona Franca en RD**
Yipetas de la Nobleza Dominicana	74 años y dos meses
Yipeta de Funcionario	58 años y 9 meses
Yipeta de Clase Media "Con Aspiraciones"	34 años
Yipeta del Pueblo	21 años

Todo el mundo tiene derecho a disfrutar el resultado de su esfuerzo, pero cuando ese disfrute ofende la precariedad con la que se desenvuelven aquellos congéneres cuya desgracia es no haber nacido de padres con posibilidades o no haber tenido el chance de engancharse en un partido ganador, ese consumo debe considerarse obsceno.

Mi hermana anduvo por Argentina a principios de año; entre las cosas que le llamó la atención fue la ausencia de yipetas en Buenos Aires. Quizás la explicación de esa ausencia se debe a que los argentinos tienen las piernas más cortas que los dominicanos y les da trabajo “treparse” a esos vehículos tan altos. Otra posible explicación es que Argentina produjo a Borges, Sábato y Cortazar y nosotros peloteros y El Añoñaito.

Hace muchos años tuve el honor de trabajar para Don Pedro Rivera; en una de nuestras conversaciones, explicándome porqué había sacado de la empresa a alguien después de haber sido promovido, me dijo en su profundo acento cibabeño: “Maitine, no to’ ie mundo da pa’ tenei un arma, pa’ tenei cuaito o pa’ sei jefe”.

El autor es consultor de negocios

Email: federico@promarketdr.com, www.tomandoencuenta.blogspot.com

* http://www.cabinetoffice.gov.uk/propriety_and_ethics/ministers/ministers_travel.asp

** Precio de las yipetas tomados de super-carros.com y salario mínimo según resolución 2-2005 de la Secretaría de Trabajo.

Publicado en el Periodico Hoy del 19 de Diciembre del 2006